España posee una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, aunque ello no nos ha de hacer olvidar que tenemos que mejorar bastante la persecución de ciertos delitos, entre los que destacan los relacionados con actividades empresariales o con la corrupción pública y privada. Y que se han de proseguir los esfuerzos, en gran medida exitosos, contra la delincuencia terrorista, de tráfico ilegal de personas y mercancías, o de género, entre otros.

El problema radica en que nuestro sistema punitivo es muy riguroso, en especial por las elevadas penas de prisión que impone en muy diversos delitos. Es sencillo comprobar que nuestra tasa de encarcelamiento es una de las más altas de Europa occidental. Si tenemos poca delincuencia y pocos delincuentes a los que poder aplicar la pena de prisión, ¿cómo es que tenemos tan alta tasa de encarcelamiento? Porque imponemos penas de prisión muy largas. La estancia media de nuestros internos en las prisiones españolas duplica, a veces triplica, a la de la mayoría de nuestros vecinos de Europa occidental.

Es preciso emprender una ambiciosa reforma de nuestros niveles de punición, encaminada a reducir la duración de las penas de prisión impuestas. Ahora bien, esa reforma debe realizarse mediante unos criterios político-criminales meditados y coherentes:

  1. Debemos asegurarnos de que las penas que podrían sustituir a las penas de prisión menos graves tienen suficiente entidad para lograr los fines preventivos de la delincuencia que perseguimos con cualquier pena. Y eso no está garantizado hoy por hoy. Por ejemplo, la pena de multa: dejando al margen los casos de delincuentes de muy escasos recursos, en un gran número de supuestos las rutinas judiciales la han convertido en una pena inoperante, cuando no ridícula.
  2. Disponemos de unas penas máximas de prisión que contradicen los principios básicos de una sociedad solidaria. En concreto la pena de prisión de 40 años, a la que se puede llegar mediante un concurso de delitos, y a la pena de cadena perpetua, conocida como prisión permanente revisable. Además, diferentes previsiones penitenciarias endurecen en gran medida el cumplimiento de algunas penas de prisión.
  3. La disminución de las penas de prisión no puede realizarse de manera lineal, indiferenciada. Debemos conseguir que el derecho penal sea imparcial. La gravedad de la reacción penal debe acomodarse al daño social que la conducta delictiva causa. La delincuencia de los poderosos, como delitos socioeconómicos contra la Administración pública, contra las instituciones del Estado no precisa reducciones de pena tan relevantes como las que necesitan otros delitos significativamente llamados comunes, y que son más frecuentes en los sectores socialmente menos favorecidos.

Así pues, resulta llamativa la incoherencia de algunas propuestas políticocriminales de actualidad. El actual ejecutivo ha planteado que deberían reducirse las penas de algunos delitos contra las instituciones del Estado, delitos que afectan a la convivencia democrática de todos los ciudadanos y que se realizan usualmente por actores políticos en una situación privilegiada. De forma simultánea, anuncia una reforma de los delitos sexuales cuyo principal rasgo es el aumento de las penas de prisión, que ya son altas, previstas para esas conductas. Además, parece que la reforma legal que habría de abolir la cadena perpetua ha salido de la agenda política de este Gobierno. Sería deseable que ese plausible objetivo político-criminal no resultara manipulado, una vez más, por intereses políticos.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*

    Llamada Gratuita
    WhatsApp chat